Resumen
Con el objeto de robustecer la justicia tributaria y resolver, principalmente, los problemas de congestión que presentaba el sistema, la Ley 21.039 incorporó al procedimiento general de reclamaciones tributarias y aduaneras una nueva etapa de conciliación, regulando su tramitación y materias, así como las limitaciones y requisitos para su aplicación. Sin embargo, a más de tres años de su incorporación, dicha herramienta ha mostrado escasa aplicación. Este artículo analiza las razones por las cuales dicha conciliación no ha sido exitosa, especialmente a la luz de las recientes modificaciones que la Ley 21.210, sobre modernización tributaria, ha introducido. Adicionalmente, se discute cómo esta regulación podría verse afectada por el actual proceso constituyente, ilustrando la experiencia comparada.