Resumen
El presente trabajo tiene por objeto destacar la trascendencia de la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que, al acoger un recurso de queja, ha establecido que el derecho a defensa comprende el derecho-deber del secreto profesional y que la interceptación, grabación y transcripción del agente judicial de la conversación telefónica del abogado con su cliente y su posterior entrega al fiscal, no estaban cubiertas por el mandato legal, de modo que actuó fuera de la ley.