Resumen
En este trabajo se examinan, de manera general, los espacios de discrecionalidad que la ley deja abiertos al regular diversas potestades que el fiscal del Ministerio Público debe ejercer durante el curso del procedimiento penal. Además, se intenta limitar y racionalizar su ejercicio, acudiendo al amplio desarrollo dogmático tanto del derecho administrativo como de la teoría del derecho, en búsqueda de cautelar el derecho de los justiciables a un trato igualitario.