Resumen
Perfeccionar nuestro Estado de Derecho implica una clara definición de las atribuciones y responsabilidades que las fuerzas armadas poseen a fin de proteger los activos estratégicos claves para el desarrollo de nuestra sociedad en el siglo XXI. Es razonable asumir que la protección de la infraestructura informática que permite el exitoso funcionamiento de las sociedades de la información, quede entregada al menos en parte a la Defensa Nacional.Sin embargo, no existe un conjunto coherente de normas jurídicas que permitan a un Estado defender de manera legítima aquel tipo de activos frente a una agresión externa ejecutada mediante armas informáticas.Junto con ofrecer una reseña de las particularidades de la seguridad informática, se explican los actuales esfuerzos de la doctrina jurídica internacional por establecer un marco legal coherente y eficaz sobre la materia. Asimismo, se describen las dificultades que presenta la interpretación y en especial, la aplicación analógica de las normas vigentes a las peculiaridades de la ciberguerra.Esta breve investigación aborda desde una perspectiva jurídica las atribuciones, derechos y obligaciones de los Estados frente a la protección de su infraestructura informática, considerada como uno de los activos claves para su desarrollo exitoso en la era de la información.