Resumen
En España, la Ley 39/2015 impone a la administración pública la obligación de resolver expresamente el procedimiento administrativo antes del vencimiento de un plazo máximo legalmente establecido. Excepcionalmente, la Ley 39/2015 admite algunas causas de suspensión temporal del plazo máximo de resolución y de notificación de la resolución expresa del procedimiento.