Resumen
¿Puede un gobierno de fuerte tendencia centralista como el uruguayo transferir parte de su poder, recursos y responsabilidades de gestión a instancias inferiores de gobierno? ¿Puede el Frente Amplio (FA) asumir el desafío de profundizar la descentralización iniciada en 1989 en Montevideo (MVD) a partir de la creación del tercer nivel de gobierno sin entrar en contradicciones? ¿Qué tendencias se observan en relación a su impacto en la participación ciudadana?En este artículo nos proponemos analizar qué implicancia tuvo, en sus primeros cinco años de vigencia (2010-2015), la aplicación de la Ley 18.567-de Descentralización Política y Participación Ciudadana- sancionada en 2009 por el parlamento uruguayo, sobre la estructura de descentralización participativa que el Departamento de Montevideo iniciara en el año 1989.