Resumen
Si bien la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios establece un orden de prelación legal a aplicar en los contratos administrativos objeto de la norma, esto no necesariamente se respeta a cabalidad. A juicio de este trabajo, la causa es clara y tiene relación con la resolución de conflictos sobre contratación administrativa por los tribunales civiles. Debido a esto, la jurisdicción civil toma un rol protagónico y se hace cargo de una materia específica como la contratación administrativa, reflejando la preeminencia de las normas civiles por sobre lo establecido en la ley y en las normas de derecho público, resolviendo generalmente con énfasis en principios generales del derecho y asimilaciones a instituciones propias del derecho privado. Parece relevante señalar que si bien en este trabajo fueron revisadas las sentencias que aplican los principios de la contratación administrativa para resolver, esta no es una constante en las resoluciones judiciales, y que existen tribunales que intuitivamente resuelven aplicando únicamente el derecho civil sin considerar aspectos particulares del derecho administrativo. En consecuencia, es necesaria una revisión exhaustiva del contrato por parte de los jueces para la correcta aplicación de los diferentes ámbitos del derecho que conviven para la resolución de los casos, al menos mientras no exista jurisdicción especial.